Arte y Educación

MESA REDONDA (A.9)

La restauración democrática y la educación.

Como sabemos, tras la dictadura franquista, a España le sucede un interesante período  llamado transición en el que se comienza a llevar a cabo el proceso de democratización política. Este proceso tuvo unos comienzos costosos pero finalmente, en 1977,  se pudieron celebrar las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República. El partido ganador fue Unión del Centro Democrático, (obtuvieron el 34,5% de los votos), el cual, liderado por Adolfo Suárez, debía hacer frente a la elaboración de una constitución.  No debemos olvidar el contexto del momento, marcado por una profunda crisis económica pues en 1973 la crisis del petróleo había azotado severamente a España y el paro y la inflación subían de forma alarmante. A continuación nos centraremos en cómo se ahonda el tema que nos compete, el de la educación a lo largo de todo este proceso, especialmente a partir de la restauración de la democracia.

En general, y esto fue uno de los grandes logros, hubo un amplio consenso en los temas trascendentales de la constitución. En 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa (formalmente fueron dos, denominados Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política) y al mismo tiempo firmaron un pacto inicial educativo. Como todo, esto supuso unas concesiones por parte de unos y otros, al mismo tiempo que unas coincidencias. Principalmente, se reconoció el derecho a la educación fundamental, se declaró la educación básica como obligatoria y gratuita y se aceptó el principio de autonomía universitaria. Cabe destacar, que gracias a estos pactos, desde 1977 a 1979, los presupuestos para educación se duplicaron llegándose a invertir 40.000 millones de pesetas en creación de centros. Sin embargo, el problema que derivará de este pacto viene por la interpretación que cada turno gobernativo dará a los principios constitucionales, lo que en Educación se materializará con nuevas leyes de educación que modifican las anteriores en función de los intereses de cada partido. Esto, es una práctica que desgraciadamente persiste todavía hoy después de casi cuarenta años y es así porque continúan elaborando estas leyes los partidos políticos y no pedagogos y profesores.

El primer ejemplo de esto lo podemos observar con las dos primeras propuestas de ley: la LOECE, (Ley Orgánica de 1980, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares) y  la LODE, (Ley Orgánica del Derecho a la Educación 1984); ambas fueron impugnadas al Tribunal Constitucional por la oposición.  La LOECE fue la propuesta de U.C.D., propuesta considerada anticonstitucional por los socialistas quienes la impugnaron al Tribunal Constitucional que respondió declarando la inconstitucionalidad de varios artículos. Tras dicha sentencia, el gobierno de UCD debió revisar muy profundamente la LOECE para adecuarla a la sentencia, pero el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el cambio de Adolfo Suárez por Leopoldo Calvo Sotelo al frente del Gobierno y el triunfo electoral del PSOE en 1982 impidieron que eso se hiciese. En consecuencia, la LOECE nunca entró en vigor. La segunda propuesta, ya con el PSOE al frente del Estado, fue la LODE. Ley que, como decíamos, también fue impugnada ante el T.C., que no aceptó algunos matices. No obstante, esta sí fue promulgada en 1985.

No debemos olvidar, que en todo este contexto, comenzaron las autonomías, (estatutos catalán y vasco fueron aprobados en 1979), y poco a poco, cada vez más comunidades iban recabando más cotas de autonomía. Además, también es importante recalcar que antes de promulgar la LODE, los socialistas ya habían logrado aprobar la Ley Orgánica de la Reforma Universitaria, (1983), por la que se entiende la educación superior como un servicio público y se reconocen los principios de autonomía, libertad de cátedra, de investigación y de estudio.

El proyecto para la reforma general del sistema no se planteará hasta cinco años después desde que los socialistas ganaran las elecciones. Fue en 1987, cuando el ministro Maravall plantea como propuesta para debate el “Proyecto para la reforma de la enseñanza”. Este proyecto, tras un análisis de sistema actual y comparando las actuaciones de otros países europeos ante situaciones similares, culminaba explicando que era necesario abordar una reforma general del sistema. Los puntos clave de la futura reforma eran: aumentar la educación obligatoria hasta los 16 años, mejorar la calidad de la enseñanza, adoptar de un currículum común y capaz de atender a la diversidad de los alumnos, y llevar a cabo la reforma  tanto de la educación secundaria posobligatoria general como de la formación profesional.  Este último punto recibió grandes críticas por el insuficiente tratamiento que se le había dado en el proyecto. Crítica que ya había predicho la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), en 1985 en el informe sobre España; por ello, presentarán también en 1988  el “Proyecto para la reforma de la educación técnico-profesional”. Finalmente, todo este proceso de debate abierto en 1987 fue reflejado en el Libro Blanco, libro que dio origen al anteproyecto de la futura ley y que pasó favorablemente el trámite del informe del Consejo Escolar del Estado y del Consejo General de F.P. La nueva ley, la LOGSE, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, será aprobada el 28 de Junio de 1990 y será la ley que reestructure el sistema educativo después de los veinte años de vigencia de la Ley General de Educación de 1970. Este hecho será fundamental para la educación de nuestro país. Además de los principales puntos ya citados anteriormente, la LOGSE estructurará el sistema educativo en: infantil (0-6años), primaria (6-12), ed. secundaria (12-16), FP inserta en secundaria y después en ciclos y Bachillerato (16-18), y contemplará la educación para niños con necesidades especiales, para las enseñanzas de régimen especial y la formación de personas adultas. La LOGSE tuvo, como todo, medidas muy acertadas y otras más cuestionables. Entre las grandes ventajas encontramos en primer lugar el posibilitar a la escolarización prácticamente de toda la población, siguiéndole aspectos tan importantes como el aumento de la obligatoriedad hasta los 16 que disminuyó el desfase entre el fin de la educación obligatoria y la edad para la incorporación al mundo laboral, la atención a la diversidad, el estimular la planificación de desarrollos curriculares en función de principios psicopedagógicos que eran modernos, la mejora de los ratios que permite al profesor atender de forma algo más personalizada a los alumnos, la flexibilidad y apertura del currículo escolar que ayudarán a ajustar un poco la educación a cada contexto, la incorporación de la Ed. Musical que disminuye el gran vacío encontrado en el ámbito artístico, etc. Sin embargo, el principal inconveniente encontrado es la falta de recursos, en cuanto a la insuficiente financiación, que llevará en la práctica a hacer una reforma del sistema en lo que se “puede” y no en todo lo que se había planteado. Esta ley tuvo un horizonte temporal de diez años, en cuyo ecuador  se realizó una revisión de la misma que no fue muy bien recibida, (LOPEG), y después, al poco tiempo, llegaron las elecciones de 1996 en las que ganó el PP, con quien retomando lo dicho al principio, nos encontramos de nuevo con el gran problema para la educación de este país: turnos gobernativos que modifican las leyes o promulgan nuevas leyes a su antojo y en función de sus intereses.